La última reunión con la coalición de gobierno que el presidente Luis Lacalle Pou convocó en la residencia de Suárez y Reyes, y a la que asistieron todos los líderes del oficialismo, sirvió -como ha ocurrido otras veces- para que el jefe de Estado pasara varios mensajes.

El tema principal de la reunión no era otro que la explicación de la rebaja impositiva anunciada 24 horas antes en el Parlamento, cuando el primer mandatario dio ante la Asamblea General su tercer discurso de evaluación anual, una instancia en la que confirmó que habrá contribuyentes del IRPF que serán beneficiados o dejarán de abonarlo, que lo mismo ocurriría en varios aportantes del IASS, y que además habría beneficios fiscales para las pequeñas y medianas empresas.

En ese encuentro se aterrizaron esas medidas, materializadas en una ley que los legisladores aprobaron por unanimidad, pero también hubo espacio para otros asuntos. Allí, por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aprovechó para marcar discrepancias con la conducción económica del Ejecutivo.

También en la reunión Lacalle Pou les pidió a sus socios de la coalición que recuperaran el “centro del ring” de la agenda informativa y les dijo que él ya tenía definido una cosa: que en el transcurso de este 2023 asumirá un rol más activo en la defensa de su gobierno.

Lo hará en un año que tendrá sus particularidades, empezando por ser preelectoral, lo que implica que, entre otras cosas, el gobierno tendrá la última oportunidad para aumentar el gasto en la Rendición de Cuentas, pero no solo eso: también está previsto que sea el año en que se pondrán a prueba las concreciones de los grandes proyectos del Poder Ejecutivo, y será -en algún momento que la mayoría ubica entre el invierno y la primavera- el año en que el Partido Nacional -y probablemente también sus socios- presentará a sus precandidatos ya pensando en junio de 2024.
Ese es el contexto, entonces, en que se moverá el primer mandatario, y por eso a los asistentes de esa reunión del 3 de marzo pasado les adelantó que actuará “contra la raya” de la Constitución, bien consciente de que no puede participar directamente en la campaña que se avecina porque así lo limita la carta magna, según confirmaron a El País varios participantes del encuentro.

Es decir, el presidente ya definió que el mal trago de la segunda mitad del 2022 quedará atrás -y, con eso, los embates del Frente Amplio con los resonados casos Astesiano y Marset- y que ahora será momento de acelerar todo lo que se encuentra en marcha y defender “los logros del gobierno de coalición”, como también indicaron fuentes de Presidencia.

Esto último es coherente con un convencimiento que hay en la Torre Ejecutiva y en varios dirigentes del Partido Nacional de que “el mejor candidato” que puede presentar el Partido Nacional es “una buena gestión”.
“Podrá haber 10 candidatos blancos, pero si la gestión no es buena, nadie será presidente”, resumió García la pasada semana.

Así que con ese espíritu el primer mandatario va a hablar de los resultados de su gestión en todo el país en estos nueve meses que tiene por delante el 2023 -y que estará teñido por el lanzamiento de las precandidaturas-, además de “inaugurar todas las obras a lo largo y ancho del territorio”, agregaron las fuentes.
Para muchos blancos ese camino ya se inició, en los hechos, en el discurso que Lacalle Pou dio en el hotel Radisson en el marco de la apertura del ciclo de exposiciones políticas de este año que organiza desde hace tiempo la Asociación de Directores de Marketing.

Allí, tras un razonamiento que buscó explicar que el objetivo filosófico en su concepción de gobierno es generar “esperanza” en la gente tras ratificar la “confianza” otorgada en las urnas, habló de la “continuidad” más allá de esta administración que entiende tendrán sus principales reformas, como la que está en curso en la educación o la transformación de la seguridad social que todavía se negocia en la Cámara de Diputados. Pero también incluyó en esa bolsa las modificaciones en rubros tan dispersos que abarcan desde el régimen de adopciones hasta la prohibición a los huelguistas de impedir trabajar a quienes quieren hacerlo, que se introdujeron en el extenso articulado de la Ley de Urgente Consideración.

Y, aprovechando la presencia de dos relevantes actores del Frente Amplio, como su presidente Fernando Pereira y el intendente canario Yamandú Orsi, Lacalle Pou preguntó en tono retórico qué cambios estarían dispuestos a hacer en caso de ganar las próximas elecciones. “Todas esas cosas van a tener continuidad y estoy hablando (para) después del 1° de marzo de 2025. Y si no van a tener continuidad -señaló- estaría bueno saberlo porque son reformas profundas, importantes, (para las que) hacen falta convicción, decisión (…) y coraje, y nosotros tuvimos el coraje que había que tener”.