La bancada de senadores del Frente Amplio presentó un pedido de acceso a la información pública en el que se reclama acceder a los expedientes de los cinco casos en la que la exministra de Vivienda, Irene Moreira, hizo uso del «cupo de reserva» que decía tener para asignar unidades habitacionales en forma directa y sin sorteo.

Los senadores frenteamplistas pretenden que Vivienda informe todos los pasos que, según la normativa vigente, debe dar la Administración para otorgar viviendas bajo la modalidad de «alquiler con opción a compra», que fue la que se utilizó en la mayoría de estos casos denunciados como irregulares, desde el llamado a sorteo hasta la adjudicación final.

También se pretende acceder a todas las resoluciones ministeriales vinculadas a estas adjudicaciones.

El pedido, recuerda el caso de Mónica Píriz, a la que Moreira «le asignó en forma directa» una vivienda sin pasar por un sorteo al ser militante de Cabildo Abierto. También el de una mujer que recibió una vivienda en la zona de Belvedere y que, según pudo confirmar El País, había trabajado como empleada doméstica en la casa de la exministra.

El Frente Amplio reclamó a su vez los expedientes correspondientes a otras tres ajudicaciones: una vivienda en la zona de Burgues y Aparicio Saravia, otra en la calle José Cabrera y otra en la ciudad de Rivera cuya beneficiaria, según había informado El Observador, era hija de otra militante de Cabildo Abierto.

En todos los casos, el pedido apunta a conocer la fecha de los llamados a sorteo, el número de inscriptos en cada llamado, el análisis que el ministerio hizo de cada caso y los listados finales de adjudicaciones. En particular, se reclama que la cartera «identifique» la normativa en que se fundamentó la adjudicación directa de estas cinco viviendas.

Más allá de esta información, el Frente Amplio apunta a conocer qué hará el nuevo ministro de Vivienda, Raúl Lozano, en torno a las viviendas otorgadas «en forma discrecional» por su antecesora y correligionaria.

El senador Charles Carrera consideró que, sin perjuicio de que las familias que se presentaron al sorteo y no fueron favorecidas tendrían derecho a accionar contra el Estado, las autoridades deberían corregir la situación.

«Si la asignación de viviendas fue tan irregular como para pedir la renuncia de la exministra, la asignación debería anularse y adjudicarse por sorteo», afirmó el legislador.

Carrera afirmó que las irregularidades denunciadas son muy graves. «En este asunto, debemos llegar hasta el fondo», enfatizó.