La bancada del Espacio 609 presentó este lunes a la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley para generalizar la reducción de la jornada laboral y establecer en ocho horas el límite máximo de la jornada diaria, y en cuarenta el tope máximo para la semana.

El texto apunta a que el sistema sea «para todos los trabajadores del país con indiferencia del sector en que se desempeñen».

El proyecto de ley sostiene que «en ninguno de los casos» la reducción «podrá habilitar la disminución proporcional del salario vigente». «Todo horario que exceda la jornada diaria, legal o convencional de labor será remunerado como horas extras, al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 15.996, de fecha de 17 de noviembre de 1988», explicita el borrador, que será asumido por la bancada opositora antes de tomar estado parlamentario.

En la exposición de motivos, los senadores fundamentaron que en 1915 se tomó «como de avanzada» la limitación diaria de ocho horas y semanal de 48 horas impulsada por ley por el batllismo.

«Se trata de reducir la jornada laboral, que es de las más extensas en la región y para la que además Uruguay fue pionero hace más de 100 años al establecer la limitación de ocho horas diarias y 48 semanales», explicó el senador Daniel Caggiani.

La oposición planteó que el tema comenzó a discutirse en los países de primer mundo, bajo la premisa de que la disminución no suponga una rebaja salarial ni que se afecten los ritmos de producción, pese a que «obviamente» los «sectores conservadores, y en especial los integrantes de los productivos, se oponen férreamente, argumentando que tienen un impacto directo sobre sus costos».

«Olvidan que, de la asociación de las nuevas tecnologías con el trabajo humano, se obtiene mayor productividad y por ende, su renta no se verá afectada, sino por el contrario, los márgenes de ganancia se incrementarán sensiblemente», cuestiona el proyecto, y cita las discusiones que se están librando en Chile, Ecuador, Argentina y Colombia.

La bancada fundamentó que el proyecto «tiende a mejorar la distribución del trabajo existente, a optimizar el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras y adecuarse a una nueva realidad laboral», previendo una transición hasta empezar a regir a partir de los cuatro años de entrada en vigencia de la norma.

El borrador aclara que la ley no aplicaría a ninguno de los sectores que ya hoy tienen «regímenes más beneficiosos», como los consagrados en distintos consejos de salarios y decretos a lo largo de los años. El texto prevé que, al año de aprobada la norma, el régimen semanal se reduciría de 48 a 46 horas; a los dos años, pasaría a 44 horas semanales; al tercero, a 42; finalmente, a los cuatro años de su aplicación, el tope quedaría en las 40 horas semanales.